El cierre de la legislatura actual deja una estela de audacia en la aplicación de impuestos a sectores privilegiados como bancos, empresas energéticas y patrimonios millonarios, a pesar de no haber logrado implementar la prometida reforma fiscal.

El primer gobierno bipartidista desde la Segunda República se despide con un ímpetu impositivo enfocado en aquellos que más beneficios acumulan. Se materializó así, la idea de solicitar una mayor contribución durante tiempos desafiantes a quienes mejor navegan las aguas económicas. Esta visión dio lugar a los impuestos temporales para el sector bancario y energético, ambos favorecidos por el incremento inflacionario, y también para las grandes fortunas.

El inicio del mandato estuvo marcado por la intención de efectuar una reforma tributaria que solventara ciertas debilidades del sistema fiscal español y lo acercara al modelo europeo. A pesar del destacable aumento en la recaudación durante los últimos años, España aún queda corta respecto al promedio comunitario. Trágicamente, planes bien intencionados fueron devastadas por realidades contundentes: los conflictos bélicos en Ucrania obligaron a postergar indefinidamente esta tan necesitada reforma fiscal.

No obstante, los paquetes de ayuda sí lograron introducir el debate sobre quiénes deben contribuir más para financiar estos respaldos fiscales ante los efectos inflacionarios; apuntando directamente a los bancos, las compañías energéticas y las grandes fortunas. Para estos actores económicos se diseñó un gravamen que penaliza sus ingresos incrementados debido al alza en los tipos y precios energéticos correspondientes.

En respuesta a esta iniciativa fiscal se presentó una propuesta legislativa que fue procesada rápidamente en el Congreso. Sin embargo, nació rodeada de protestas por parte de las comunidades afectadas y sectores que ahora enfrentan nuevos impuestos. Ambas partes han llevado este asunto ante los tribunales judiciales para determinar su legalidad.

Los críticos señalan otro inconveniente notable: dichas medidas fiscales son temporales. Solo aplican este año (basándose en resultados del 2022) y el próximo (con base en rendimientos del 2023). Además, su futuro pende ahora incierto dada la anticipación electoral.

El Partido Popular ha expresado abiertamente su oposición hacia estos impuestos argumentando su injusticia. Asimismo ha rechazado nuevas tasas sobre bancos y empresas energéticas pidiendo su revisión.

Estas tres medidas principales son provisionales dependiendo tanto del nuevo Gobierno como de decisiones judiciales; sin embargo han servido para plantear el argumento de que aquellos con más ganancias deben contribuir más abundantemente.

A pesar del progreso con estos nuevos impuestos, grandes tareas pendientes permanecen ocultas bajo esta cortina triunfalista. España tiene problemas con su sistema fiscal dado que recauda menos comparativamente con promedios europeos.

Extrañamente aunque no se pudo llevar adelante ninguna reforma fiscal sustancial durante este período gubernamental, España experimentó un récord histórico en recaudación tributaria durante 2022 gracias a factores como la recuperación económica, mejor empleabilidad e inflación entre otros factores positivos.

Aunque quedaron varias metas por cumplir se pueden destacar algunas reformas menores llevadas adelante tales como reducciones significativas a las ventajas fiscales otorgadas anteriormente a fondos privados de pensiones españoles o un control más riguroso sobre incentivos fiscales otorgados previamente a entidades financieras llamadas SICAV’s ,que prácticamente provocaron su desaparición total.

Por último también queda vigente el aumento del IVA sobre bebidas azucaradas pasando del 10% al 21%. Esta medida demandada largamente finalmente entró en vigor generando una reducción exitosa en el consumo especialmente entre jóvenes según un reciente estudio realizado por Esade.