Los últimos acontecimientos políticos y económicos en España han puesto de manifiesto una paradoja curiosa. Por un lado, tenemos una propuesta política de repartir 20.000 euros a cada joven que cumpla 18 años, una iniciativa que, sin duda, ha generado mucho revuelo y críticas contundentes. Y, por otro lado, nos enfrentamos al sombrío panorama de 20.000 pequeños Autónomos que se han dado de baja en el último año debido, entre otras cosas, a la presión fiscal y el encarecimiento de los costes operativos.

Un reciente informe muestra que la presión de los costes y las cotizaciones está haciendo desaparecer las tiendas locales del mapa urbano. Además, hay factores adicionales como la crisis inflacionaria, el aumento del coste energético y el ascenso imparable de los alquileres que están poniendo contra las cuerdas a los Autónomos.

La cancelación de contratos ventajosos para arrendar locales en zonas céntricas ha provocado el cierre de miles de tiendas por toda España, especialmente en barrios emblemáticos de Madrid. El goteo constante no sólo se produce en el sector del comercio; también la agricultura ha perdido 2.953 autónomos; la industria, 3.130; las actividades financieras, 725; y la hostelería cuenta con 2.753 autónomos menos.

Por otro lado Yolanda Díaz presenta su propuesta estrella: entregar una “herencia universal” consistente en repartir 20 mil euros a cada joven cuando cumple dieciocho años. Sin embargo, este plan despierta gran controversia, ya que se espera financiarlo mediante el impuesto sobre las grandes fortunas.

Ante la falta factibilidad económica para llevar adelante tal medida mediante un impuesto único sobre grandes fortunas, tal como se había pensado inicialmente y frente a las críticas recibidas, Díaz rectifica su postura, planteando ahora la necesidad de establecer también un recargo fiscal masivo sobre gran parte del tejido empresarial.

En este sentido, Díaz y su equipo sugieren crear un impuesto especial sobre empresas inmobiliarias y grandes constructoras, precisamente cuando estas industrias resultan vitales para aumentar la oferta habitacional urbana.

Sin embargo, estas medidas no son bien vistas por los empresarios, quienes consideran que propuestas como estas deberían discutirse mediante diálogo social previo antes ser planteadas así sin más desde un marco político unilateral.

Además, desde Sumar se está planeando una reforma fiscal más amplia para financiar tanto esta “herencia universal” como el resto de sus políticas públicas, lo cual incluiría gravar diferentes sectores económicos, además del inmobiliario e incrementar aún más tributos generales sobre riqueza y renta estableciendo nuevos tramos del IRPF superiores a ingresos laborales anuales superiores a 300 mil euros.

Esta situación genera una paradójica dualidad entre dos visiones contrastantes: ¿Es mejor gastar miles millones anuales subvencionando jóvenes recién llegados a la mayoría edad o acaso no sería más útil utilizar esa misma inversión pública para generar planes efectivos apoyo al pequeño comercio?

La respuesta puede encontrarse quizás algún punto medio donde ambas proposiciones puedan complementarse equilibradamente, pero es indudablemente necesario tener presente siempre ante todo mantener condiciones favorables funcionamiento nuestras economías locales antes prometer herencias universales.

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